Artículos, Invitados

Hacia una Alianza Global para una cooperación más eficaz desde lo local, por Carla Cors Oroval

Vivimos tiempos de cuestionamiento, evolución y cambio de la cooperación al desarrollo. Después de constatar la falta de resultados que sus acciones y políticas han conseguido en términos de acceso a las necesidades básicas, a los derechos y a la equidad, asistimos hace más de 10 años a un replanteamiento sobre el qué, el cómo y el dónde de la cooperación.

Dicho proceso formalmente arranca con el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo de la ONU del año 2000 y llega hasta nuestros días con la llamada “arquitectura de la ayuda”, cuyo último eslabón ha sido la celebración del IV Foro de Alto Nivel en Busán en 2011. Durante toda la década ha habido un sinfín de diálogos, encuentros y compromisos oficiales con el objetivo de aumentar la calidad y eficacia de la ayuda.

Foto de Verònica Sanz, Recife 2012.

Si bien los resultados aún no son muy prometedores, la reflexión, el diálogo compartido y la implicación creciente de todos los actores ha permitido evolucionar conjuntamente hacia acuerdos de mayor consenso. Muestra de ello es la evolución en los mismos  objetivos. El  Primer Foro de Alto Nivel dio lugar a la Declaración de París en 2005 que estableció, (tímidamente) como meta el lograr una mayor “eficacia de la ayuda”. Sin embargo, el documento saliente del pasado Foro de Alto Nivel en Busán se plantea como un objetivo más ambicioso la formación de una “Alianza Global para la cooperación eficaz al desarrollo”.

El interés suscitado pone de manifiesto la necesidad de repensar los enfoques y prácticas de cooperación. En un mundo marcado por los impactos de la globalización, la aparición de nuevos actores en la esfera internacional y la creciente interdependencia entre unos y otros para afrontar los retos actuales, lo que queda claro es que los viejos modelos de cooperación ya no sirven.

Los enfoques de corte asistencial basados en relaciones asimétricas “Norte-Sur”, “donante-receptor” donde la agenda política era marcada por los intereses de los “donantes” poco a poco ha dejado  paso a la emergencia de un nuevo paradigma más acorde con la gobernanza multi-actor y con el enfoque territorial del desarrollo. Los principios acordados en 2005 en París débilmente apuntaban a ese cambio pero fueron criticados por ser decididos por los donantes con la ausencia de  otros actores del sector. Como reacción, la sociedad civil y los gobiernos sub-estatales alzaron su voz sobre el peligro de recentralización que la Declaración suponía y el riesgo de ver socavada su autonomía, su especificidad y su valor añadido.

Resultado del trabajo que han venido realizando los espacios de lobby de los gobiernos sub-estatales, la Declaración de Accra y el documento saliente de Busán, reconocen el papel de dichos actores en las políticas de cooperación al desarrollo. En el primer caso, en el artículo 13 se reconoce su papel en el desarrollo y la voluntad de trabajar para aumentar la capacidad de éstos para “asumir una función activa en el diálogo sobre políticas de  desarrollo”. Por su parte, la Declaración de Busán va más allá y en su artículo 21 hace referencia a “el rol esencial de los parlamentos y gobiernos locales para reforzar los vínculos entre el Estado y los ciudadanos y asegurar una apropiación democrática…”

A pesar de esto, el reconocimiento no basta y es necesario apoyar y reforzar a los actores sub-estatales para que puedan jugar un papel complementario y propio en las políticas de desarrollo. Se trata de actores elegidos democráticamente (en su gran mayoría) y por lo tanto legítimos, conocedores de la realidad de sus territorios por su carácter de administración más próxima a la ciudadanía y expertos en políticas públicas. Dicha especificidad cobra más relieve que nunca teniendo en cuenta los retos y desafíos actuales.

Después de un tiempo de avance de los enfoques de desarrollo humano, ahora vuelven a ganar terreno las políticas neoliberales donde el crecimiento, esta vez inclusivo, vuelve a ser el centro del desarrollo. Junto con los actores públicos y de la sociedad civil, se asegura la participación del sector privado en las políticas de cooperación al desarrollo y se promueve desde éstas, el comercio como “motor del desarrollo sostenible” (Declaración de Busán artículo 32).

Si bien es cierto que es necesario un diálogo entre todos para hacer frente a la crisis sistémica que estamos viviendo y el carácter de interdependencia que la globalización ha desatado, el Estado, lo público, no puede verse socavado por los intereses económicos y comerciales. La legislación asentada en los derechos humanos debe poder ser aplicada y el bien común gobernar las políticas de desarrollo. Sin políticas redistributivas, de presentación de servicios públicos universalmente accesibles y políticas que contribuyan a la cohesión social, por mucho que se crezca económicamente, la desigualdad y la exclusión seguirán persistiendo y dejando fuera de juego a millones de personas.

Como se sabe, la ayuda o la política de cooperación al desarrollo no es la solución, sin una mayor coherencia entre políticas, en vez de avanzar, a menudo se obstaculizan las acciones y pierde sentido los objetivos planteados. Así lo reconoce incluso la propia Declaración de Busán. Para su eficacia, las políticas de cooperación deben anclarse en políticas y marcos normativos sólidos, enfocados bajo la perspectiva de derechos humanos y teniendo como último objetivo la igualdad y la sostenibilidad.

Por lo tanto, la cooperación debe reforzar de manera clara, operativa y específica, a la institucionalidad pública local, a la capacidad de gobernanza y al diálogo multi nivel y multiactor. En este sentido, la cooperación descentralizada tiene un papel relevante. Por su propia especificidad, los actores sub-estatales tienen un rol estratégico en pro de la apropiación democrática, en la rendición de cuentas (sobretodo en la social), en su potencial del enfoque territorial para impulsar la apropiación de las estrategias de desarrollo locales y reforzar la coordinación de los esfuerzos de desarrollo en sintonía con el principio de armonización de la Declaración de París y la división del trabajo (mediante planes de desarrollo locales). Asimismo, el enfoque de cooperación descentralizada aporta una rica experiencia en la metodología basada en relaciones horizontales, de partenariado, donde el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo se posicionan como instrumentos nuevos frente a la transferencia de recursos como único instrumento significativo de los enfoques tradicionales de la cooperación.

Un ejemplo claro del potencial de la cooperación descentralizada ha sido el programa de la Comisión Europea URB-AL. En su tercera fase (2009-2012) ha impactado en 75 territorios (más de 500 municipios de América latina), dejando un rico legado de experiencias innovadoras en políticas públicas locales que han contribuido a aumentar la cohesión social de manera directa a más de un millón doscientas mil personas.

El programa se ha implementado a través de 20 proyectos, cada uno de ellos con una media de entre 5 y 7 socios latinoamericanos y europeos –estos últimos sin intervención directa en sus territorios- y se ha basado en el intercambio de experiencias entre socios y el aprendizaje mutuo como metodología de trabajo. Esta relación horizontal entre homólogos, ha permitido que a pesar de las diferencias entre actores (cada uno de países diferentes) abordar las dificultades de manera conjunta, aprendiendo unos de otros en pro de la mejora de políticas públicas que contribuyen a la cohesión social.

La ejecución del Programa, a pocos meses de su finalización, nos deja casos prácticos de proyectos de cooperación que han fortalecido e incluso generado políticas públicas locales aumentando de manera clara la capacidad institucional y la mejora de la gestión local. Se trata de ejemplos de profundización democrática, donde las prácticas de participación ciudadana, de articulación horizontal, entre actores territoriales, y de articulación multinivel han sido los elementos clave de su ejecución. Los nuevos enfoques territoriales de desarrollo, basados en las alianzas entre todos los actores del territorio, han tenido su operatividad práctica en el marco del programa.

La cooperación descentralizada tiene en los resultados de URB-AL III un espejo donde mostrar su contribución hacia un nuevo modelo de desarrollo y de gestión de la cooperación más acorde a la realidad actual. Iniciativas en donde ya no sirven las formas piramidales de mando y lo que se requiere es diálogo, acuerdo y complementariedad.

Los principios establecidos en Paris: apropiación, alienación, armonización, gestión por resultados y mutua responsabilidad, deben adaptarse a la especificidad de cada actor y contribuir en la medida de sus particularidades y valores añadidos. Para el caso de los gobiernos sub-estatales: la profundización democrática, el refuerzo de la gobernabilidad y el ejercicio e innovación en políticas públicas locales para avanzar hacia un desarrollo inclusivo, humano y sostenible que cuente con la implicación y las complicidades de todos los actores territoriales.

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